Conflicto en los comedores municipales

Unos 194 comedores corren riesgo de no recibir comida para 40 mil chicos de la región. El viernes último unos 50 abastecedores se manifestaron frente al Consejo Escolar local para reclamar el pago de los meses que se les adeuda. Si no se salda la deuda dejarían de enviar comida.

Otra vez el director del Concejo Escolar local, Guillermo Correa entra en escena, esta vez no es por un escándalo en su administración - la provincia lo acusó meses atrás de malgastar los fondos y lo apartó del cargo-, pero si por algo similar.

Resulta que los abastecedores de los 194 comedores que hay en la región no han recibido el pago correspondiente de los últimos tres meses, lo cual hará que en el corto plazo dejen de entregar la mercadería si la deuda sigue impaga.

Concretamente lo que se reclama es el pago (en algunos casos llega a los cien mil pesos) desde junio a la fecha; meses en los cuales el Concejo recibió el dinero pero no lo utilizó para saldar las cuentas con los proveedores.

El consejero Francisco Gosch, dejó en claro que no se trata de un problema de fondos sino de administración. "Hace días que el dinero destinado a pagar las facturas de junio, julio y receso invernal de los proveedores de alimentos, fue depositado en la cuenta del Consejo por el ministerio de Desarrollo Humano", relató el consejero al diario Hoy, al mismo tiempo que explicó que "como el consejo fue intervenido y el interventor renunció, no hay quién firme los cheques para que los proveedores puedan cobrar".

Por otra parte, los proveedores, ya anunciaron que el único motivo por el cual no dejaron de entregar comida fue por "la pena que nos dan los niños", pero la situación se podría tornar caótica si deciden tomar medidas de fuerza y detener la entrega.

Mientras tanto, el gobierno comunal, intenta seguir sin tratar el tema y no entrar en escena para que la situación del Concejo no ensucie la administración de Pablo Bruera, la cual ya no puede recibir más cimbronazos.

La decisión que tomó Oporto en julio

La resolución 2.595/08 firmada por el ministro, Mario Oporto, expresa: "Dicha reconducción de acciones (por la intervención) deberá orientarse al urgente reordenamiento económico financiero, la actualización de los registros, las conciliaciones bancarias, el diseño de circuitos administrativos, de contrataciones, registros contables y pagos, la verificación de la totalidad de las acciones desarrolladas hasta la presente, la organización de un registro de proveedores actualizado y documentado, la regularización de situaciones documentales, administrativas e impositivas de los proveedores, la certificación de las acciones desarrolladas, el saneamiento financiero, la regularización presupuestario y el saneamiento de pasivos".

Lo cual llevó a su intervención -quedó comandado por Carlos Eugenio Navajas- y a retirar de los cargos a dos militantes del bruerismo: el presidente del organismo Guillermo Correa y su tesorero Raúl Carabajal. Ambos manejaban las cuentas de las entidades educativas municipales y fueron acusados por no haber cumplido con las acciones que el puesto les requiere.